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Selectos acontecimientos en el mundo del derecho del comercio internacional
EC - Hormones (DS26)
16 julio 2019

Los Estados Unidos y la Union European van a firmar un acuerdo sobre importación de carne de vacuno sin hormonas

En un comunicado de prensa del 15 de julio de 2019 el Consejo de la Unión Europea informó que había adoptado una decisión en relación con la firma de un acuerdo entre la UE y los Estados Unidos de América sobre la asignación a los Estados Unidos de América de una parte del contingente arancelario de así llamada 'carne de vacuno de alta calidad', es decir carne procedente de animales no tratados con determinadas hormonas de crecimiento.

Un grupo especial y el Órgano de Apelación concluyeron en 1997—1998 que la prohibición, introducida y mantenida por la Unión Europea, de la importación y la venta de carne de animales tratados con hormonas era incompatible con el Acuerdo de la OMC sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) — en particular, que la prohibición no estaba basada en normas internacionales pertinentes (Codex Alimentarius), no se basaba en una evaluación del riesgo y era discriminatoria.

En 2008, la UE afirmó de haber puesto la prohibición en conformidad con el Acuerdo MSF por haber encargado estudios científicos que, según la UE, mostraron que la prohibición respecto a estradiol-17β era científicamente justificada, mientras que los testimonios científicos pertinentes a las otras 5 hormonas naturales y sintéticas en cuestión (progesterona, testosterona, acetato de trembolona, acetato de melengestrol, zeranol) eran insuficientes, por lo que la UE tenía derecho a mantener la prohibición como medida provisional de conformidad con el párrafo 7 del articulo 5 del Acuerdo MSF.

Aunque un nuevo grupo especial concluyó que los estudios en los que se apoyó la UE todavía no justificaron la prohibición, el Órgano de Apelación revocó las constataciones del grupo por varios motivos, incluyendo, entre otras cosas, violación de las debidas garantías procesales de la UE en la selección de los expertos científicos a la ayuda de los cuales recurrió el grupo especial. Como ni la UE (el demandado), ni los EE.UU o Canadá (los reclamantes en el procedimiento inicial) incoaron un tercer procedimiento, son las constataciones contenidas en los informes del grupo especial y del Órgano de Apelación en el procedimiento original que permanecen en vigor hasta el momento.

En 2009, la UE y los reclamantes llegaron a una solución provisional — asignación de un contingente arancelario de 45000 toneladas para la importación de carne de vaca de calidad superior desde países elegibles. Formalmente disponible a todos los Miembros de la OMC sin discriminación, inicialmente solo proveedores de los EE.UU y Canadá pudieron cumplir las condiciones del contingente. Como proveedores de otros Miembros de la OMC empezaron a adaptarse a las condiciones y verse asignar cupos cada vez más grandes del contingente, los EE.UU demandaron renegociación del acuerdo. (El cupo canadiense del contingente ahora está incluido en el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea.)

Según el nuevo acuerdo, la cuota actual se mantendrá sin cambios, pero 35000 toneladas del total de 45000 toneladas correspondientes al contingente arancelario se destinarán a los Estados Unidos de América y se introducirán gradualmente a lo largo de un período de siete años.
DS495 Corea - Redionúclidos - Fukushima
12 abril 2019

El Órgano de Apelación de la OMC revocó las constataciones del grupo especial de violaciones por Corea en la diferencia sobre las importaciones de pescado procedente de Japón

El 11 de abril de 2019, el Órgano de Apelación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) emitió su informe en Corea — Radionúclidos, la disputa en la que Japón impugnó las restricciones a la importación de productos de la pesca procedentes de Japón (prohibiciones de importación y prescripciones en materia de pruebas adicionales) impuestas por Corea del Sud en respuesta al accidente de la planta de energía nuclear de Fukushima Dai-ichi. El Órgano de Apelación revocó dos principales conclusiones del grupo especial: la de la violación por Corea del párrafo 6 del artículo 5 y del párrafo 3 del artículo 2 del Acuerdo de la OMC sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias ("Acuerdo MSF"). (Un resumen detallado de las constataciones del grupo especial está disponible en este sitio web en la sección Diferencias MSF.)

El párrafo 6 del artículo 5 requiere que las medidas aplicadas a la importación no entrañen un grado de restricción del comercio mayor del requerido para lograr el nivel adecuado de protección sanitaria del país importador. El grupo especial constató que las prohibiciones de importación y las prescripciones en materia de pruebas adicionales impuestas por Corea, no siendo más restrictivas de lo necesario inmediatamente después del accidente, no obstante, se mantuvieron en violación del párrafo 6 del artículo 5 porque, después de 2013, había suficiente información para concluir que la medida alternativa propuesta por Japón — la realización de pruebas de cesio en los productos y denegación de la entrada a productos con el nivel de cesio por encima de 100 Bq/kg — permite lograr el nivel de protección sanitaria establecido por Corea.

El Órgano de Apelación revocó esta conclusión del grupo especial como basado en un análisis erróneo de la cuestión de si la medida alternativa propuesta por Japón permite lograr el nivel de protección sanitaria de Corea. En particular, el análisis del grupo especial se centró en si la medida alternativa garantizaría que la exposición de los consumidores coreanos a la radiación a través de los alimentos se mantenga en un nivel por debajo de 1 mSv / año, mientras que el nivel de protección de Corea se formuló como "para mantener los niveles de radiactividad en los alimentos consumidos por los coreanos en niveles que existen en el medio ambiente normal — en ausencia de radiación procedente de un accidente nuclear importante — y mantener así unos niveles de contaminación radiactiva en los alimentos "tan bajos como razonablemente puedan alcanzarse" (as low as reasonably achievable — ALARA), por debajo del límite de dosis de radiación de 1 mSv/año". Por lo tanto, el grupo especial descuidó los otros elementos del nivel de protección de Corea, enfocandose en el umbral cuantitativo de 1 mSv/año.

El párrafo 3 del artículo 2 prohíbe la discriminación arbitraria o injustificable entre países en que prevalezcan condiciones idénticas o similares. El grupo especial constató que las medidas de Corea discriminan arbitrariamente entre los productos de pesca importados de Japón, por un lado, y los importados de otras fuentes, por el otro, porque después de 2013, las condiciones en Japón y otras partes del mundo han sido similares.

El Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo. Él señaló, en particular, que "la conclusión del grupo especial [en cuanto a la similitud de las condiciones] se refiere simplemente a las "posibilidades" de los productos tanto japoneses como no japoneses de contener cesio por debajo del nivel de tolerancia de 100 Bq/kg, pero no aborda el grado relativo de posibilidad de contaminación, ni tan siquiera si la posibilidad de contaminación por cesio de estos productos es similar". En otras palabras, el grupo especial no explicó por qué la posibilidad de contaminación por cesio a niveles, digamos, de 5 Bq / kg en un caso y 90 Bq / kg en un otro conlleva la conclusión de que las condiciones en ambos casos son similar (aunque ambos numeros son por debajo de 100 Bq / kg).

Estas constataciones del Órgano de Apelación no significan que las medidas de Corea cumplan con el Acuerdo MSF, sino que las conclusiones del grupo especial sobre la incompatibilidad de las medidas con el derecho de la OMC se basan en razonamientos erróneos. Por lo tanto, la controversia sigue sin resolverse, mientras que Japón ha perdido la capacidad de referirse al informe del grupo especial para justificar su alegación de ilegalidad de las restricciones a la importación mantenidas por Corea.
Tribunal UEE - Clasificación Arancelaria - Plumas de Insulina
12 marzo 2019

La Cámara de Apelaciones del Tribunal de la UEE emite una decisión en la diferencia sobre la clasificación arancelaria de componentes de las plumas de insulina

El 7 de marzo de 2019, una Cámara de Apelaciones del Tribunal de la Union Económica Euroasiática («UEE») dictó su decisión en una disputa interpuesta por ZAO Sanofi-Aventis Vostok contra la Comisión Económica Euroasiática («Comisión») sobre la clasificación arancelaria de componentes de plumas desechables de insulina. En su solicitud ante el Tribunal, ZAO Sanofi-Aventis Vostok impugnó la decisión del Colegio de la Comisión con fecha n.° 132, del 3 de octubre de 2017, que clasificó los componentes en la subpartida 9018 31 «jeringas, con o sin agujas» de la Nomenclatura de Mercancías de la UEE. En opinión del reclamante (respaldado por decisiones de los tribunales comerciales de la Federación de Rusia), los componentes que se importan en la Unión para ser utilizadas en el montaje de las plumas de insulina, no son una jeringa y deben clasificarse bajo el código 9018 90 840 9 («otros (instrumentos y aparatos utilizados en medicina)»). Anteriormente, un Colegio de jueces (primera instancia) de la Corte se había puesto del lado de la Comisión. La Cámara de Apelaciones confirmó la decisión del Colegio.

Debido a la forma en que son constituidas las Cámaras de Apelaciones del Tribunal (cada juez es miembro del Colegio en una disputa y de la Cámara de Apelaciones en otra), es poco probable que veamos una Cámara de Apelaciones que anule una decisión del Colegio en un futuro cercano. Sin embargo, esta es la segunda disputa* (de un total de cuatro apelaciones que se han presentado ante el Tribunal hasta esta fecha) en la que una Cámara de Apelaciones no está de acuerdo con una conclusión provisional de un Colegio.

El Colegio en Sanofi-Aventis Vostok v. Comisión declaró que el producto acabado, la pluma desechable de insulina, debe clasificarse junto con el medicamento que contiene insulina en la subpartida 3004 31 de la Nomenclatura de Mercancías de la UEE («medicamentos que contienen insulina»). La Cámara de Apelaciones se opuso a este fallo: «... la clasificación correcta a efectos aduaneros del producto acabado "medicamento que contiene insulina" está fuera del alcance de esta disputa y la declaración en la decisión del Colegio sobre su clasificación es innecesaria. No está dentro de la discreción del Tribunal clasificar una mercancía por su propia iniciativa».

Una de las cuestiones controvertidas era la competencia de la Comisión para adoptar la decisión impugnada. Un representante del reclamante declaró, en particular, que la Comisión había actuado ultra vires ya que no había una aplicación inconsistente de la Nomenclatura de Mercancías a la mercancía en cuestión, que, según el representante, era un requisito previo para que la Comisión adoptara una decisión de la clasificación. La Cámara de Apelaciones no estuvo de acuerdo: «El objetivo de las decisiones de clasificación que adopta la Comisión es garantizar la coherencia de los enfoques en la clasificación de productos específicos en todo el territorio aduanero de la Unión. Pero la existencia de una interpretación (aplicación de la Nomenclatura de Mercancías) incoherente no es una condición previa para la adopción de tales decisiones». Al mismo tiempo, «las decisiones de los tribunales nacionales en casos específicos no pueden restringir el derecho de los órganos de la Unión a adoptar decisiones sobre cuestiones en las que se les había delegado competencia [incluso si tales decisiones de los órganos de la Unión son contrarias a las decisiones anteriores de los tribunales nacionales]».

En su próxima reunión (20 de mayo de 2019), un Colegio del Tribunal considerará una solicitud presentada por OOO Shiptrade, que impugna una decisión de la Comisión sobre la clasificación arancelaria de los motores diésel marinos.

*En General Freight v. Comisión, la Cámara de Apelaciones no estuvo de acuerdo con la conclusión del Colegio de que las decisiones de clasificación del Comité del Sistema Armonizado formen parte del derecho de la Unión (véanse la página 19 de la decisión de la Cámara de Apelaciones en General Freight v. Comisión). Para más detalles sobre el caso, véanse Yury Rovnov, Nadezhda Sporysheva. The Court of the Eurasian Economic Union: Some Initial Jurisprudence.Trade Policy, 2018. No. 4/16, p. 54 (en inglés).
PPA - Control de población de jabalíes
22 enero 2019

La autoridad veterinaria rusa señala la 'falta de determinación' de controlar la población de jabalíes como el factor principal de la amplia propagación del PPA

En un comunicado de prensa del 21 de enero de 2019 el Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria Ruso (Rosselkhoznadzor) expone su posición sobre las causas de la rápida propagación de la peste porcina africana (PPA) en el mundo.

La reducción de la virulencia y la adaptación del virus, se afirma en el comunicado, supone una tremenda amenaza para el sector porcino global ya que en cada vez más jabalíes infectados se producen anticuerpos al virus, por lo que los animales sobreviven por más tiempo y pueden infectar a más otros jabalíes.

Rosselkhoznadzor afirma, haciendo referencia a las pertinentes prácticas de la República Checa, Dinamarca y Alemania, que la única solución que pueda impedir una mayor adaptación del virus de la peste porcina africana es un sacrificio omnímodo de jabalíes. Según la autoridad veterinaria rusa, China, reticente a actuar con resolución y efectuar la despoblación de los jabalíes, no se da cuenta de toda la gravedad del problema y se arriesga un deterioro radical de la situación.

Después de la comunicación del primer brote de la PPA en una provincia noreste de China en agosto de 2018, la enfermedad se está propagando rápidamente hacia el oeste y sur del país. La evolución de la situación en China se observa atentamente como su población de porcinos representa aproximadamente la mitad de la población mundial.

La semana pasada, Rosselkhoznadzor lanzó un documental (en ruso) de 40 minutos sobre la peste porcina africana, en el que apunta a la falta del control de la población de los jabalíes como la causa de la propagación de la PPA en Europa del Este y los estados bálticos y hace referencia a la "reducción ineficaz de poblaciones de los jabalíes" como uno de los factores de la propagación de la PPA en Rusia.

La autoridad veterinaria rusa opina que, tanto tiempo como el virus de la PPA permanece en el medio silvestre, la amenaza de su transmisión desde los jabalíes a los cerdos domésticos sigue siendo grave.

El control de la población de los jabalíes era una de las cuestiones más salientes en el marco del procedimiento Rusia — Porcinos ante la Organización Mundial del Comercio. El reclamante, la Unión Europea (UE), impugnó, entre otras cosas, la prohibición rusa de las importaciones de productos de porcino procedentes de estados miembros de la UE afectados por la PPA. Mientras que Rusia afirmaba que el sacrificio de los jabalíes era imprescindible para refrenar la propagación del virus (y que, por lo tanto, medidas que no lo preveían no eran efectivos en la contención de la enfermedad), la UE sostenía que, más bien que ayudar a combatir el virus, la despoblación de los jabalíes facilitaba su propagación: "Provocando la fuga de los animales, caza intensiva o inadecuada de los jabalíes empeora la situación y contribuye a una mayor propagación de la enfermedad".

En una de su declaraciones orales la UE declaró: "Uno de los principales puntos de divergencia entre la UE y Rusia es el enfoque para la erradicación de la PPA en una población de jabalíes. Rusia sostiene que caza drásticamente intensificada dirigida a la despoblación de jabalíes puede aportar resultados positivos. Pero el único resultado que tal caza intensiva puede aportar es una rápida mayor propagación de la enfermedad a través de la dispersión de los animales. Esto se cree ser la causa más probable de la introducción de la PPA en ciertos partes de la UE, desde Belarús y Rusia".

El grupo especial que revisó la diferencia, basandose en las opiniones de expertos científicos, se puso de parte de la UE. El grupo especial declaró, en particular: "A nuestro juicio, es de capital importancia indicar si la presencia de la enfermedad se ha manifestado en animales silvestres o en cerdos domésticos. Esto es así porque, como han explicado los expertos consultados por el Grupo Especial, hay diferencias en los riesgos asociados a la propagación de la peste porcina africana a través de jabalíes y a través de la infección de cerdos domésticos vivos. La profesora Penrith y el Dr. Thomson indicaron que es improbable que los jabalíes se conviertan en la fuente de infección más importante. Aunque la peste porcina africana puede ser difícil de erradicar en los jabalíes, los controles de los desplazamientos de los jabalíes pueden ser suficientes para reducir los riesgos de propagación y de infección de grandes explotaciones comerciales de cerdos sujetas a medidas de bioseguridad. Son principalmente esas grandes explotaciones comerciales de cerdos las que proporcionan los animales utilizados en la producción de productos para exportación".

Entre tanto, a mediados de enero se anunció la creación en Francia de una 'zona blanca', es decir una zona libre de jabalíes, próxima a la frontera con Bélgica, dónde casos de la PPA se detectan desde el año pasado. Los últimos dos se detectaron en el enero de 2019 a un solo kilómetro de la frontera francesa. La 'zona blanca', rodeada por una valla, estará patrullada por el personal de la Oficina Nacional de la Caza y Fauna Salvaje (ONCFS) y por cazadores en busca de cadáveres de los animales. El Ministro francés de Agricultura y Alimentación Didier Guillaume ha exigido la maxima movilización de la ONCFS, Unión Nacional de Cazadores y Oficina Nacional de Bosques para que la despoblación de los jabalíes en la zona se lleve a cabo lo más rápido posible. El ejército francés participará en la operación y los cazadores van a cobrar 100 EUR por jabalí abatido.

El presidente de la Asociación Nacional Porcina Paul Auffray lamentó que estas decisiones no hubieran sido tomados antes.
Japón - Convención International para la Regulación de la Caza de Ballenas - Comisión Ballenera Internacional
15 enero 2019

Japón se retira de la Convención Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena

El 14 de enero de 2019, la Comisión Ballenera Internacional (CBI) emitió una declaración en el que confirmó la recepción de la notificación de retirada del Gobierno de Japón de la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas (CIRCB). Japón había anunciado su intención de salir de la Comisión Ballenera y retomar la caza comercial de ballenas justo unas semanas antes, en diciembre de 2018. Conforme al artículo XI de la CIRCB, la retirada se hará efectiva el 30 de junio de 2019. Japón señaló que la caza se limitará a las aguas territoriales y zona económica exclusiva del Japón, mientras que se interrumpirá la caza en el Antártico.

La CBI fue establecida bajo la Convención Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena, firmado en Washington DC el 2 de diciembre de 1946. El propósito de la Convención es velar por la conservación adecuada de las poblaciones de ballenas y posibilitar así el desarrollo ordenado de la industria ballenera. El principal deber de la CBI es examinar y revisar, según sea necesario, las medidas establecidas en el Reglamento de la Convención que gobiernan la pesca de ballenas alrededor del mundo. Estas medidas, entre otras cosas, establecen la protección completa de algunas especies; designan áreas específicas como santuarios de ballenas; establecen límites sobre el número y el tamaño de las ballenas que pueden ser capturadas; prescriben temporadas y áreas abiertas y de veda para la pesca de ballenas; y prohiben la captura de crías lactantes y hembras acompañadas de crías.

En 1982, la CBI adoptó una enmienda a la CIRCB, que entró en vigor en 1986 y estableció un limite cero para captura de ballenas con fines comerciales en una temporada, introduciendo así una moratoria a la caza comercial. Al mismo tiempo, el artículo VIII de la CIRCB permite el otorgamiento por los gobiernos contratantes a sus nacionales de permisos que autoricen la caza de ballenas con finalidades de investigación científica (párrafo 10(e) del Anexo a la CIRCB). Japón ha aprovechado esta excepción para efectuar la caza de ballenas con fines presuntamente científicos.

En 2010, Australia inició procedimientos legales contra Japón ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), afirmando, básicamente, que Japón abusaba de la excepción para seguir con la caza comercial. En 2014, la CIJ zanjó en favor de Australia y ordenó que Japón revocara todos los permisos, autorizaciones o licencias que hubiera otorgado para la caza en el marco de la investigación científica y que se abstuviera de otorgar cualquier nuevo permiso.

Un análisis detallado de la historia y operación de la CBI (en inglés) se contiene en el libro Michael Heazle, "Scientific Uncertainty and the Politics of Whaling". Seattle, Washington: University of Washington Press, 2006.
OMC - Órgan de Apelación - Estados Unidos - Atún II
14 diciembre 2018

El Órgano de Apelación de la OMC confirma que los EE.UU. han puesto su sistema de etiquetado "dolphin safe" ("inocuo para los delfines") en conformidad con las reglas de la OMC

El 14 de diciembre de 2018, el Órgano de Apelación de la OMC emitió su informe en el segundo procedimiento sobre el cumplimiento en el asunto Estados Unidos — Atún II . El Órgano de Apelación confirmó la conclusión del grupo especial de que el sistema de etiquetado "dolphin safe" de los Estados Unidos, que tiene por objectivo asegurar la inocuidad de los delfines durante la pesca del atún, es compatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo de la OMC sobre los obstáculos técnicos al comercio (Acuerdo OTC) y cumple los requisitos del artículo XX del Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT). Es la primera vez que se constata que un sistema de etiquetado de un miembro de la OMC es compatible con las reglas de la OMC.

Como se explica en el informe, hay una asociación habitual entre los atunes y los delfines en el Pacífico Tropical Oriental (PTO), lo que significa que los bancos de atún tienden a formarse y a nadar por debajo de determinadas especies de delfines. Determinados buques que operan en esta zona utilizan una técnica de pesca denominada "lances sobre" delfines, que aprovecha esta asociación. Este método de pesca supone la persecución y cercamiento de los delfines con redes de cerco para capturar el atún que nada debajo de ellos.

La medida de los EE.UU. en litigio es un sistema de etiquetado que prohíbe la designación como "dolphin-safe" ("inocuo para los delfines") a los productos de atún exportados de los Estados Unidos u ofrecidos en venta en su territorio que contengan bien: i) atún capturado en alta mar por un buque dedicado a la pesca con redes de deriva; o bien ii) atún capturado por buques que utilicen redes de cerco para cercar delfines o "efectuar lances" sobre ellos en cualquier parte del mundo. Los productos de atún que no quedan automáticamente excluidos de la etiqueta "dolphin safe" en virtud de estos criterios de admisibilidad, son acreedores a ella si cumplen determinadas prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y verificación, que tienen por objetivo asegurar que no se dio muerte ni se hirió gravemente a ningún delfín en los empleos de artes en que se capturó el atún.

Como la flota de México pesca atún principalmente en el PTO mediante lances sobre delfines, los productos de atún mexicanos son generalmente excluidos de la etiqueta estadounidense — lo que no significa automaticamente que la medida de los EE.UU. sea ilegal. La cuestión que los grupos especiales y el Órgano de Apelación tenían ante sí era si este efecto perjudicial en las condiciones de competencia para los productos de atún mexicanos se derivaba exclusivamente de una distinción reglamentaria legítima — en otras palabras, se los criterios de admisibilidad y las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y verificación establecidos por la medida se adaptaban correctamente en función de los riesgos para los delfines derivados del uso de distintos métodos de pesca en distintas zonas del océano.

Un grupo especial en 2011 y el Órgano de Apelación en 2012 constataron (aunque por motivos diversos) que la medida inicial era incompatible con las reglas de la OMC. En 2015, el Órgano de Apelación concluyó, en el marco del primer procedimiento sobre el cumplimiento, que la medida modificada todavía era incompatible con las obligaciones de no discriminación del Acuerdo OTC y GATT y no estaba justificada al amparo del artículo XX del GATT.

Esta vez, sin embargo, el Órgano de Apelación confirmó la conclusión del grupo especial de que la medida se adapta correctamente en función de los riesgos para los delfines y de que todo efecto perjudicial de la misma en las importaciones de productos de atún mexicanos se deriva exclusivamente de una distinción reglamentaria legítima. Mientras que la medida modifica las condiciones de competencia en detrimento de los productos de atún mexicanos en el mercado estadounidense y es, por consiguiente, incompatible con el párrafo 1 del artículo I (trato general de la nación más favorecida) y el párrafo 4 del artículo III (trato nacional) del GATT, no se aplica en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable y por lo tanto está justificada al amparo del artículo XX del GATT como una medida relativa a la conservación de los recursos naturales agotables (es decir, delfines).

Este resultado es notable, ya que anteriormente, ningún sistema de etiquetado había resistido una comprobación jurídica en el sistema de solución de diferencias de la OMC. En particular, en diciembre de 2015, los EE.UU. suprimieron prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen para los productos cárnicos sólo 11 días después de que un árbitro de la OMC había determinado que el Canadá y México, en conjunto, podían solicitar la autorización del Órgano de la Solución de Diferencias para suspender concesiones y obligaciones conexas en el sector de las mercancías en el marco del GATT a un nivel de, aproximadamente, un mil millones de dólares al año. Algún tiempo antes, un grupo especial y el Órgano de Apelación concluyeron, en el marco del procedimiento sobre el cumplimiento, que los EE.UU. no habían puesto la medida en conformidad con las reglas pertinentes de la OMC dentro de un plazo prudencial.
Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio
Artículo 2. Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por instituciones del gobierno central
1. Los Miembros se asegurarán de que, con respecto a los reglamentos técnicos, se dé a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional y a productos similares originarios de cualquier otro país.
[...]
Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio
Artículo XX. Excepciones generales
A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas:
[...]
g) relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, a condición de que tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo nacionales;
[...]
Tribunál UEE - Opinión consultiva - Deportistas
10 diciembre 2018

El Tribunal de la UEE declara ilegal la aplicación a deportistas de la UEE de restricciones al número de deportistas extranjeros

En su opinión consultiva del 7 de diciembre de 2018 el Tribunal de la Unión Económica Euroasiática (UEE) declaró que la aplicación a los deportistas de la UEE de las restricciones cuantitativas, mantenidas por estados miembros de la UEE, a la participación de deportistas profesionales extranjeros en eventos deportivos es incompatible con el Tratado de la UEE. La opinión fue solicitada por la Comisión Económica Euroasiática (Comisión).

El Tribunal opinó que las restricciones de este tipo constituyen restricciones al empleo o ocupación y, como tales, no son conformes al párrafo 2 del artículo 97 del Tratado de la UEE. Según la Gran Sala del Tribunal, restricciones al número de deportistas profesionales extranjeros que se puede alinear en competiciones deportivas nacionales, en tanto en cuanto tales restricciones se aplican a deportistas de estados miembros de la UEE, son incompatibles con el Tratado porque colocan a deportistas que tienen la nacionalidad de otros estados miembros de la UEE a una situación desfavorable con respecto a los que tienen la nacionalidad del estado miembro en el que se realiza la actividad laboral.

Según el Tribunal, la circunstancia de que estas restricciones no afecten al empleo de dichos jugadores sino a la posibilidad de sus clubes de alinearlos en un partido oficial es indiferente. En la medida en que la participación en tales encuentros constituye el objeto esencial de la actividad de un jugador profesional, una regla que la limita restringe también el derecho al empleo del jugador afectado.

El Tribunal tomó esta y otras posiciones legales de la decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Bosman de 1995 (Asunto C-415/93 Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA v Jean-Marc Bosman y otros y Union des associations européennes de football (UEFA) v Jean-Marc Bosman [1995] ECR I-4921, párrafos 115 — 137). Allí el TJUE declaró ilegales restricciones del mismo tipo entonces en vigor en estados miembros de la Unión Europea.

Aunque no era directamente pertinente a la cuestión planteada, el Tribunal también se pronunció sobre el grado de libertad de los estados miembros en la imposición de restricciones al movimiento de recursos laborales dentro de la UEE por razones de seguridad nacional (esta opción es contemplada por el párrafo 2 del artículo 97 del Tratado de la UEE). El Tribunal explicó que tales restricciones deben apegarse al principio de proporcionalidad: 'Los Estados Miembros tienen discreción en la determinación de medidas de seguridad nacional y orden público [...]. No obstante, [tales] medidas estatales deben ser proporcionadas, es decir deben corresponderse con la realización de los objetivos fijados de seguridad nacional [...] y orden público y no deben ir más allá de lo que es necesario para alcanzar tales objetivos'.

A diferencia de la decisión prejudicial del TJUE, la opinión consultiva del Trubunal de la UEE es de carácter sólo recomendatorio y, estrictamente hablando, no tiene implicaciones jurídicas directas. Como la Comisión no tiene derecho a presentar una demanda ante el Tribunal de la UEE, una solicitud de opinión consultiva es para ella el único modo de conseguir una declaración del Tribunal sobre un asunto que le interesa.
Tratado sobre la Unión Económica Euroasiática
Artículo 97. Actividad laboral de los trabajadores de estados miembros
[...]
2. Los estados miembros no adoptarán ni aplicarán restricciones a la actividad laboral, ocupación o lugar de estancia de los trabajadores impuestas por su legislación para proteger el mercado laboral nacional, con la excepción de restricciones impuestas por este Tratado y la legislación de los estados miembros para asegurar la seguridad nacional (incluido en sectores económicos de importancia estratégica) y el orden público.
[...]
EE.UU. - FDA - Prohibición de cigarillos mentolados
9 noviembre 2018

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos va a proponer la prohibición de cigarrillos mentolados

Según los medios estadounidenses, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA) planea proponer la prohibición de cigarrillos mentolados en el marco de su campaña en contra de la adicción a la nicotina.

En 2011 un grupo especial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) constató en su informe sobre la reclamación presentada por Indonesia (el importador más importante de cigarrillos de clavo de olor a los EE.UU.) que la exención del mentol de la prohibición general de aromas, hierbas y especias en cigarrillos, impuesta por el artículo 907(a)(1)(A) de la Ley Federal sobre Alimentos, Medicamentos y Productos Cosméticos (Federal Food, Drug and Cosmetic Act) era discriminatoria y, por lo tanto, incompatible con el Acuerdo de la OMC sobre los obstáculos técnicos al comercio. El Órgano de Apelación confirmó la constatación, después de haber clarificado que el trato más favorable de los cigarrillos mentolados con respecto a los de clavo de olor no encuentra justificación en el objetivo de reglamentación declarado de reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes.

En particular, el grupo especial había constatado que:
- los cigarrillos de clavo de olor y los cigarrillos mentolados son dañinos para la salud por la misma razón: la inhalación de sustancias quemadas;
- tanto los cigarrillos de clavo de olor como los mentolados contienen nicotina, y ambos contienen aditivos que enmascaran la aspereza del tabaco;
- por esto, los cigarrillos aromatizados, categoría que incluye tanto los mentolados como los de clavo de olor, son especialmente atractivos para los jóvenes;
- para los jóvenes los cigarrillos aromatizados, incluidos los aromatizados con clavo de olor o con mentol, son similares.

El grupo special citó también el informe de la Organización Mundial de la Salud titulado "La base científica de la reglamentación de los productos de tabaco" (The Scientific Basis of Tobacco Product Regulation) en el que se indica lo siguiente:
"Algunos aditivos (mentol en los cigarrillos manufacturados, eugenol en los kreteks [es decir, los cigarrillos de clavo de olor]) se añaden específicamente para reducir la aspereza del humo y permitir que el fumador ingiera más sustancias tóxicas y causantes de dependencia. Muchos fumadores fuman kreteks [es decir, cigarrillos de clavo de olor] y cigarrillos mentolados, que a menudo se comercializan como si fueran menos tóxicos; y los ingredientes añadidos posiblemente contribuyen a la percepción de que los cigarrillos son menos nocivos y dañinos".

En base de eso el Órgano de Apelación concluyó que no hay una razón legitima para el trato menos favorable de los cigarrillos de clavo de olor con relación a los mentolados.

Los EE.UU. tenían que poner la medida impugnada en conformidad con las constataciones del grupo especial y el Órgano de Apelación hasta el 24 de julio de 2013. El 23 de agosto de 2013 Indonesia, declarando que los EE.UU. habían fallado en cumplir con esa obligación, pidió la autorización del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC para imponer contramedidas. El 3 de octubre de 2014, Indonesia y los EE.UU. notificaron al OSD que habían llegado a una solución mutuamente convenida del asunto.

Según la información citada en los informes del grupo especial y el Órgano de Apelación, en los años 2000 a 2009, entre el 94,3 y el 97,4 por ciento de todos los cigarrillos vendidos en los Estados Unidos era de producción nacional, mientras que los cigarrillos mentolados representaban en torno al 26 por ciento del total del mercado de cigarrillos estadounidense. Las importaciones de cigarrillos de clavo de olor en los EE.UU. representaron aproximadamente 470 millones de cigarrillos en 2007, 430 millones de cigarrillos en 2008 y 220 millones de cigarrillos en 2009. El valor de esas importaciones fue de aproximadamente 16,2 millones de dólares EE.UU. en 2007, 14,8 millones de dólares EE.UU. en 2008 y 7,5 millones de dólares EE.UU. en 2009. Durante esos tres años prácticamente todos los cigarrillos de clavo de olor fueron importados de Indonesia.
Rusia - Porcinos (DS475)
20 octubre 2018

UE solicita establecimiento de un nuevo grupo especial en el marco de la diferencia sobre la importación de porcinos vivos y productos de porcino a la Federación de Rusia

El 19 de octubre de 2018 la Unión Europea ("UE") dirigió a la Presidenta del Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio ("OSD de la OMC") una solicitud de establecimiento de un grupo especial en el marco de la diferencia continua con la Rusia sobre la importación de porcinos vivos y productos de porcino europeos. Le corresponderá al nuevo grupo (que, no obstante, puede ser la misma que haya entendido inicialmente en el asunto) determinar si la Rusia puso las medidas impugnadas por la UE ante la OMC en 2014—2017 en conformidad con las constataciones del grupo especial original y el Órgano de Apelación.

En 2017, la UE y la Rusia acordaron que la Rusia cumpliría las recomendaciones y resoluciones antes del 6 de diciembre de 2017. El 13 de diciembre de 2017 la Rusia informó el OSD de la OMC que había cumplido con esta obligación el 5 de diciembre de 2017.
Tribunal de la Unión Económica Euroasiática
15 octubre 2018

Demandante privado gana por primera vez en el Tribunal de la UEE

El 11 de octubre de 2018 un Colegio de jueces (primera instancia) del Tribunal de la Unión Económica Euroasiática dictó la sentencia en una acción presentada por Oil Marine Group contra la Comisión Económica Euroasiática ("Comisión"). El demandante impugnó la abstención de pronunciarse de la Comisión, que había obviado realizar el "monitoreo y control" del cumplimiento por las autoridades aduaneras y la judicatura de la Federación de Rusia con una decisión de la Comisión de la Unión Aduanera. Esta última prevé la exención de aranceles de importación para las embarcaciones matriculadas en registros internacionales.

En la primera sentencia del Tribunal a favor de un demandante privado, el Colegio concluye que, efectuando el monitoreo y control, la Comisión se limitó a un examen de la legislación interna de la Federación de Rusia sin investigar su aplicación practica. Con ello, según los jueces, la Comisión falló en desempeñar enteramente las funciones de monitoreo y control que le incumben y por eso, lesionó los derechos y el interés legítimo del demandante.

El recurso de apelación contra la sentencia se puede interponer dentro de 15 días del dictamen.
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